Una nueva investigación de la campaña Salvemos la Patagonia, impulsada por Fundación Terram, reveló un hecho tan contundente como incómodo para la imagen ambiental de Chile: las áreas protegidas creadas para conservar ecosistemas únicos se han convertido en plataformas centrales para la expansión de la salmonicultura industrial. Y no se trata de un uso marginal: mientras la industria nacional creció en promedio un 4% anual entre 2001 y 2023, dentro de áreas protegidas la tasa llegó a cerca del 30% anual.
El estudio, titulado “Cosecha de salmónidos en áreas protegidas de la Patagonia chilena: impactos, actores y tendencias” y elaborado por Cristopher Toledo y Blanca Valdés, analizó más de dos décadas de datos oficiales. Las conclusiones son inapelables: existen 409 concesiones de cultivo de salmones otorgadas dentro de áreas protegidas, de las cuales 309 están activas y han producido un total de 3,2 millones de toneladas entre 2001 y 2023.
Las cifras confirman una paradoja estructural. Chile ha promovido globalmente su compromiso con la conservación y ha ampliado su red de parques y reservas, al tiempo que ha ratificado tratados como la Convención de Washington —que prohíbe actividades industriales dentro de parques nacionales—. Pero, al mismo tiempo, ha permitido que la salmonicultura se arraigue como una actividad estratégica dentro precisamente de esas áreas que deberían estar libres de intervención intensiva.
Un modelo que usa la protección como ventaja productiva
El economista Cristopher Toledo, autor del informe, sintetiza el hallazgo: “Las áreas protegidas se han convertido en un engranaje central del modelo salmonero chileno”.
Según el estudio, cerca del 17% de toda la producción nacional de salmones proviene de parques y reservas nacionales. El dato más sorprendente es la diferencia en el ritmo de crecimiento: dentro de áreas protegidas, la expansión es casi ocho veces mayor que fuera de ellas.
Toledo sostiene que las mismas cualidades que justificaron la protección —aguas limpias, baja intervención humana, alta integridad ecosistémica— están potenciando la productividad de la industria. “Los espacios destinados a proteger biodiversidad están siendo utilizados como plataformas productivas de altísima eficiencia”, advierte.
Y hay un dato que agrava la incongruencia: todas las concesiones fueron entregadas después de la creación de los parques o reservas, lo que descarta la idea de herencias regulatorias del pasado.
Una industria concentrada y asentada en territorio protegido
El informe revela además una alta concentración empresarial. Más del 80% de la biomasa producida dentro de áreas protegidas está en manos de un pequeño grupo de compañías, que no pagan un canon especial ni compensaciones ambientales adicionales por operar en zonas de conservación estricta.
La Reserva Nacional Las Guaitecas, en Aysén, es el caso más extremo:
221 centros activos,más de 100 mil toneladas cosechadas al año, y siete empresas que suman 1,9 millones de toneladas entre 2001 y 2023, equivalentes al 87% del total dentro de la reserva.
La Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, muestra la misma tendencia: desde su creación en 2018, la producción se disparó, superando las 130 mil toneladas en 2022. Allí, cinco compañías concentran más del 93% de la producción acumulada.
Entre ambas reservas, se concentra casi el 80% de la producción salmonera dentro de áreas protegidas en todo Chile.
Mejor rendimiento en crisis sanitarias y ambientales
Uno de los hallazgos más inquietantes es la diferencia en rendimiento durante crisis sanitarias como el virus ISA, las floraciones algales nocivas o incluso la pandemia de COVID-19.
Mientras los centros fuera de áreas protegidas disminuyeron su producción en 28 mil toneladas, dentro de parques y reservas las cosechas aumentaron en 43 mil toneladas.
Para Toledo, si bien no puede afirmarse causalidad, existe “una asociación estadística robusta”: los centros instalados en áreas protegidas resisten mejor los eventos críticos.
Un modelo incompatible con la conservación
El abogado de Fundación Terram, Diego Rojas, señala que la presencia de la industria salmonera en parques nacionales viola directamente la Convención de Washington, así como el espíritu de la Ley SBAP aprobada en 2023. “La presencia de salmoneras en parques nacionales es contraria al marco internacional y a la legislación chilena. Y en reservas nacionales, aunque puede haber usos sustentables, la evidencia científica muestra que esta actividad es jurídicamente cuestionable”.
Rojas añade que hoy la legislación no entrega herramientas claras para revertir estas concesiones, lo que pone en riesgo el futuro de los ecosistemas más frágiles y emblemáticos del país.
Una advertencia para Chile
La investigación concluye que la gestión de áreas protegidas en la Patagonia vive una contradicción profunda: se crean para preservar, pero se utilizan para sostener un modelo industrial intensivo, altamente contaminante y con gran impacto ecológico.
El riesgo, dicen los autores, es evidente: si no se corrige este rumbo, las áreas protegidas seguirán absorbiendo los costos ambientales de una industria que no fue diseñada para convivir con ecosistemas frágiles.
Rojas lo resume en un llamado urgente: «Debe haber una estrategia pública para evaluar la compatibilidad real de estas concesiones. Y si es necesario, retirarlas”.
Porque, de seguir así, la Patagonia continuará siendo escenario de una paradoja insoportable: se protege para conservar, pero se explota para crecer. | Leer en El Clarín.