Por Maximiliano Bazán. Publicado por CIPER Chile, 15 de Marzo 2026. Fotografía de Daniel Casado
En la siguiente columna su autor sostiene que Australis, Blumar y Cermaq habrían realizado pagos millonarios al ex jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca, Eugenio Zamorano, desde que dejó su cargo en 2022 para impulsar una propuesta que acaba de ser aprobada por el mismo organismo y que les permite intensificar la producción en 55 centros de cultivo ubicados en la región de Magallanes, sin evaluación ambiental. La Contraloría descartó faltas a la probidad por no ser la Subpesca un órgano fiscalizador, como sí lo es Sernapesca, cuya subdirectora jurídica de la época era Jessica Fuentes, también pareja de Zamorano y quien aparece como usuaria autora del documento, algo que no revisó la Contraloría. Hoy ambos trabajan en Acuiestudios junto a otros ex altos cargos de Subpesca y Sernapesca.
El pasado 14 de enero la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) aprobó la subdivisión de seis Agrupaciones de Concesiones de Salmones (ACS) o barrios, que agrupan 55 centros de cultivo -todos ubicados en la región de Magallanes- pasando a conformar 16 nuevos barrios, lo que implica un cambio en la temporalidad de la producción de los centros de cultivo en favor de tres empresas, quienes podrán aumentar su producción a costa de mayores riesgos sanitarios y ambientales.
El trámite se originó en una propuesta del jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca durante el segundo gobierno de Piñera, Eugenio Zamorano, redactada entre marzo y mayo de 2022, pocos días después de haber dejado su cargo en el ente regulador el 11 de marzo de ese año. Esto, a cambio del pago de 150 UF mensuales ($6 millones de pesos actuales) con un premio de 400 UF ($16 millones de pesos actuales) por cada barrio original subdividido, según consta en documentos que fueron denunciados en la Contraloría General de la República.

Fuente: antecedentes ingresados a la Contraloría por denuncia anónima.
Según los antecedentes denunciados a los que se tuvo acceso en el marco de esta investigación, el archivo Word que contiene la propuesta enviada a las empresas Australis Seafood, Blumar y Cermaq fue elaborado originalmente el 20 de marzo de 2022 en la sesión de la usuaria Jessica Fuentes -en ese entonces subdirectora jurídica del Sernapesca, órgano fiscalizador de la industria salmonera, y también pareja de Zamorano- y luego editado por el usuario Eugenio Zamorano el 20 de mayo de 2022, quien finalmente envió por correo esa misma tarde al representante de una de las tres empresas.
Historial de creación y cambios de la propuesta de subdivisión de barrios salmoneros
Según registros de la plataforma de Ley del Lobby, Jessica Fuentes registra su última audiencia como subdirectora jurídica de Sernapesca el 29 de diciembre de 2022, y el término de vigencia de su contrato el 03 de enero de 2023. Mientras que Eugenio Zamorano dejó su cargo como jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca el 11 de marzo de 2022.
Estos antecedentes abren algunas preguntas: ¿fue Zamorano o Fuentes quien elaboró la propuesta original para las empresas mientras era subdirectora jurídica del órgano fiscalizador (Sernapesca), el cual luego debía visar dicha modificación normativa antes de ser aprobada por la Subpesca, tal como lo enuncia la propia propuesta?
El hecho de haber dejado recién el cargo directivo que debía participar en la decisión de subdividir los barrios salmoneros, ¿constituye una falta a la probidad? ¿Mantenía Zamorano acceso privilegiado a redes -ex subordinados- e información al interior de la Subpesca y el Sernapesca -donde seguía trabajando su pareja-, que pudieran influir en favor de las empresas que le contrataron?
Para responder a estas preguntas se contactó a Eugenio Zamorano, pero no quiso participar del reportaje, además de señalar que no estaba en conocimiento de dicha denuncia en su contra ante la Contraloría -cuyo pronunciamiento se desarrollará más adelante en esta investigación-.
Por su parte, Jessica Fuentes dijo: “No participé en la elaboración de la propuesta, por lo que es evidente que no hay ninguna falta a la probidad administrativa».
Cuatro días después de la propuesta enviada por Zamorano, el 24 de mayo de 2022, un representante de Blumar -una de las tres mandantes junto a Australis y Cermaq- respondió el correo, donde junto con confirmar la contratación, incluyó otras dos ACS a subdividir y de paso redujo el pago mensual en 100 UF respecto de lo que había solicitado el ex jefe de la división de Acuicultura de la Subpesca.
Respuesta de las empresas a la propuesta de subdivisión de barrios

Fuente: antecedentes ingresados a la Contraloría por denuncia anónima.
Para saber cuánto se pagó por los servicios contratados, como también si Jessica Fuentes participó de la propuesta original y sobre los efectos productivos de la subdivisión, se tomó contacto con representantes de Australis, Cermaq y Blumar, quienes no respondieron a ninguna de estas preguntas, pero sí enviaron un breve comunicado conjunto que a continuación se reproduce íntegramente.

A modo de estimación, los 43 meses durante los que se extendieron las tres etapas detalladas en la propuesta (150 UF mensual), sumado a las seis ACS efectivamente subdivididas (400 UF de premio por cada una), acumulan un total de $350 millones de pesos al valor actual de la UF, equivalente a un promedio de $8 millones de pesos al mes.
A pesar de la ausencia de respuestas por parte de los protagonistas, la plataforma de audiencias por ley de lobby deja constancia de que el 23 de julio de 2025, junto a representantes de Blumar, Australis y Cermaq, Zamorano se reunió con la subdirectora de Acuicultura del Sernapesca, Mónica Rojas, “para conversar acerca de la planificación productiva de las 3 empresas en relación con los últimos descansos sanitarios coordinados fijados por resolución de Sernapesca para las agrupaciones de concesiones (ACS) de la Región de Magallanes y la propuesta de subdivisión de ACS que se encuentra actualmente en tramitación y análisis por parte de la Autoridad”.
Más recientemente, el 22 de enero de 2026, el mismo Zamorano asistió con representantes de las mismas empresas a reunirse otra vez con la subdirectora de Acuicultura y el jefe de Salud Animal del Sernapesca para “para exponer temas relacionados con los descansos sanitarios coordinados de las agrupaciones de concesiones en la Región de Magallanes”. Esta reunión ocurrió una semana después de que la Subpesca aprobara la subdivisión de las 6 ACS (14 enero), y tres semanas antes de que el Sernapesca modificara los descansos sanitarios (18 febrero) por efecto de la subdivisión.
EL INTERÉS DE LAS EMPRESAS EN SUBDIVIDIR LAS ACS
La Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) surgieron como parte de la respuesta que el Estado entregó tras la crisis del virus ISA (2007-2010) a través de la Ley N°20.434 que cambió el modelo financiero y operativo de la industria salmonera luego de su debacle sanitaria derivada en crisis financiera. Reimpulso a la industria que fue liderado por Felipe Sandoval, nombrado presidente de la Mesa del Salmón para abordar la crisis y posterior dirigente gremial de la industria, además de Jessica Fuentes, en su rol de asesora de la Segegob.
En ese nuevo diseño, las ACS se crearon para prevenir contingencias sanitarias. Concretamente, una ACS delimita una zona que agrupa varios centros de cultivo de salmones, sobre la que se realiza un manejo sanitario coordinado que incluye medidas obligatorias y otras voluntarias según la normativa, a partir de características epidemiológicas, oceanográficas, operativas y geográficas que justifican ese manejo sanitario coordinado.
El manejo sanitario coordinado se expresa, por ejemplo, en que el Sernapesca determina un periodo de tres meses de descanso sanitario obligatorio para cada ACS, que ocurre cada dos o tres años, lo que quiere decir que ningún centro de cultivo de la respectiva ACS o barrio puede mantener operaciones durante ese periodo, condicionando de paso los tiempos productivos de las empresas.
Según un ex ejecutivo de una empresa salmonera consultado en el marco de esta investigación y que prefirió no dar su nombre, disociar los ciclos productivos de una misma ACS permite aplanar la producción en el tiempo, permitiendo evitar un sobre stock que pueda afectar el precio de venta del salmón.
Pero hay otro efecto tal vez más relevante aún, como es la reducción del tiempo entre un descanso sanitario y el siguiente o, dicho de otro modo, el periodo mínimo que tiene una empresa para volver a desarrollar un ciclo productivo, lo cual condiciona el nivel de productividad y, por tanto, las ganancias.
Esto es importante para los centros que producen la especie salmón del atlántico (principal producción en Chile), ya que, entre un descanso sanitario y otro, solo pueden desarrollar un ciclo productivo, y al acortarse el tiempo en seis o 12 meses entre cada descanso sanitario, como ocurre con varias de las ACS subdivididas, las empresas pueden intensificar aún más su producción. Esto significa más salmones en engorda, más antibióticos, más alimento y más fecas alojadas en el fondo marino en el mismo periodo de tiempo, y en una zona donde, al desacoplarse los descansos sanitarios, en realidad deja de tener descansos.
En otras palabras, al bajar de 33 a 21 meses el periodo entre un descanso sanitario y otro, luego de seis años, cada centro de cultivo ubicado en ese barrio o ACS podrá desarrollar tres ciclos productivos cuando antes solo podía hacer dos -un ciclo es el proceso de engorda hasta que se cosechan los salmones en el mar-. Eso se traduce en que, si un centro tiene autorizado producir hasta 5.000 toneladas de salmones en cada ciclo, con esta modificación hecha a pedido de las empresas podrá aumentar su producción de 10.000 a 15.000 toneladas en ese mismo periodo de seis años.
En definitiva, la subdivisión de estas seis ACS en 16 nuevos barrios permitirá a estas tres empresas hacer un uso más eficiente de sus activos (planta de proceso, infraestructura de cultivo, trabajadores, etc.) y producir más, pero a costa de la salud de los ecosistemas y con un mayor riesgo sanitario.
EL CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
De las ocho Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) inicialmente acordadas para subdividir (45, 48A, 49B, 50A, 50B, 51, 52 y 53), finalmente seis llegaron a destino (49A, 49B, 50B, 51, 52 y 53), subdividiéndose en 16 nuevas ACS, que en total agrupan a 55 centros de cultivo (ver mapa): 26 de Australis; 13 de Cermaq; nueve de Blumar; cuatro de Trusal y tres de Aquachile. Cabe precisar que estas últimas dos empresas, no participaron de la contratación, probablemente porque Trusal arrienda sus concesiones a Cermaq y Blumar, mientras que Aquachile no registra cosechas en estas concesiones entre 2001 y 2024, pero de todas formas sí dieron su aprobación a la propuesta.
Un elemento que llama la atención es que recién en octubre de 2025, a través de la Resolución N°2384, la Subpesca había actualizado la Resolución N°2440 de 2024 que establece los barrios salmoneros, posteriormente publicando un calendario con los descansos sanitarios de cada uno de ellos a partir de 2026. Pero a causa de una solicitud de estas tres empresas salmoneras que se tramitaba en paralelo -y cuyas audiencias de lobby citadas anteriormente dejan constancia-, finalmente la División de Acuicultura de la Subpesca accedió a validar la subdivisión de los 6 barrios, dejando constancia de ello en el Informe Técnico N°13 del 08 de enero de 2026, con el que solicita al subsecretario Julio Salas aprobar dicha modificación, la que finalmente vería la luz el 14 de enero de 2026 a través de la Resolución N°101.
Finalmente, tras la subdivisión aprobada, el Sernapesca publicó el pasado 18 de febrero un nuevo calendario de descansos obligatorios de cada ACS, modificando el que había publicado recientemente, accediendo a la propuesta de desfasar los meses de descansos sanitarios entre las ACS subdivididas y acortar la cantidad de meses entre uno y otro, favoreciendo el rendimiento productivo de las concesiones.
Para conocer los detalles del procedimiento se pidió por Ley de Transparencia el expediente de la modificación de barrios salmoneros, incluyendo las solicitudes realizadas por las empresas. La respuesta de la Subpesca llegó fuera del plazo legal de 20 días hábiles, y denegó el acceso a la información, argumentando que luego de notificar a las empresas, estas “manifestaron formalmente su oposición a la entrega de los antecedentes solicitados, invocando la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285, en cuanto la entrega podría afectar derechos relacionados con información de carácter comercial o económico”.
Al ser consultado por el procedimiento, desde la Subpesca dijeron que todo estaba en regla y que se ajustó a un “proceso de evaluación sobre la base de información y análisis técnico” (ANEXO 6 – Respuesta Subpesca).
Calendario de descansos sanitarios de las ACS subdivididas

En rojo las ACS originales que fueron subdivididas. “P” (en rojo) corresponde a la proyección del siguiente descanso sanitario si no hubiese subdivisión. Fuente: elaboración propia en base a información del Sernapesca.
Mapa de las ACS originales y las nuevas ACS resultantes de la subdivisión

Fuente: elaboración de Pablo Madrid, geógrafo de Fundación Terram, en base a la información de la Subpesca contenida en la Resolución 101/2026 y el Registro Nacional de Acuicultura (RNA).
INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS SIN EVALUACIÓN AMBIENTAL
De los 55 centros de cultivo que integran las ACS subdivididas y cuya producción podrá ser intensificada, 39 se ubican dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, un área donde el crecimiento y expansión de la industria se encuentra suspendida, a la espera del plan del manejo que debe publicar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Según el artículo 72, literal h) de la Ley N°21.600, el plan de manejo debe especificar “las actividades compatibles e incompatibles con el área”. De esa forma, desde la promulgación de esta ley en septiembre de 2023, el otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras o el aumento de la producción de los centros de cultivo -que debe ser evaluado ambientalmente-, quedaron suspendidos hasta que el plan de manejo defina si la producción industrial de salmones es compatible o no con los objetos de protección de la reserva, que según el artículo 64 serían “las especies, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos o funciones o procesos ecológicos que se pretende proteger a través de la creación del área”.
Así es como a través de la subdivisión de ACS, las empresas encontraron un vacío normativo que les permite intensificar la producción, aun cuando el área protegida no tenga vigente un plan de manejo, ya que al desfasar los descansos sanitarios y disminuir el tiempo que transcurre entre uno y otro, cada centro de cultivo podrá realizar más ciclos productivos en un menor periodo de tiempo.
CONTRALORÍA DESESTIMA DENUNCIA POR FALTAS A LA PROBIDAD
El artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece que “son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones”.
En base a los antecedentes expuestos en esta investigación, en septiembre de 2025 ingresó a la Contraloría Regional de Valparaíso una denuncia -con reserva de identidad- por posibles faltas a la probidad del ex jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca.
Finalmente, el 31 de enero del presente año la denuncia fue desestimada por la Contraloría. “Debido a que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura no es un organismo fiscalizador de aquellos a que se refiere el inciso final del artículo 56 de la ley N° 18.575, al aludido ex funcionario de esa entidad don Eugenio Zamorano Villalobos no le afecta la incompatibilidad establecida en esa norma legal”, concluyó el organismo. / Revisa acá el pronunciamiento completo de la Contraloría.
Si bien el rol fiscalizador de la industria salmonera lo tiene Sernapesca, la Subpesca toma decisiones que tienen efectos incluso más relevantes, como es aprobar los proyectos técnicos de los centros de cultivo, los cuales definen los volúmenes a producir, además de autorizar la densidad de cultivo al inicio de cada ciclo productivo en base a una evaluación sanitaria de los mismos, junto con definir las ACS, para que luego el Sernapesca defina los descansos sanitarios, lo cual define la temporalidad de la producción, entre otras decisiones estratégicas para la industria.
De esta forma, surge la pregunta de si el pronunciamiento de la Contraloría es restrictivo al no considerar elementos de facto a la hora de evaluar el rol de la Subpesca sobre la industria salmonera, o si el problema radica en la propia ley, al acotar la dimensión de probidad administrativa solo a ex funcionarios de organismos estrictamente fiscalizadores, dejando un vacío que abre la puerta giratoria a quienes se desempeñan en organismos reguladores, como la Subpesca, pero también extensible a otros sectores, como la industria minera, agrícola o forestal.
Un aspecto que no fue considerado por la Contraloría es que la autoría del documento -según su historial- corresponde a la usuaria Jessica Fuentes, quien era subdirectora jurídica del Sernapesca al momento de crearse la propuesta, y que siguió trabajando en dicho organismo luego de varios meses después de que se iniciara la contratación de Zamorano -su pareja-. Todos estos elementos, si bien no son una prueba suficiente de algún incumplimiento, abren preguntas que hasta ahora no fueron realizadas ni investigadas por la Contraloría, ni tampoco aclaradas por los protagonistas en el marco de esta investigación.
Con todo lo anterior, en materia de pesca y acuicultura, la puerta giratoria no comienza ni termina con Eugenio Zamorano ni Jessica Fuentes, ya que es un fenómeno transversal durante los gobiernos de la ex Concertación y Chile Vamos.
ACUIESTUDIOS O LA PUERTA GIRATORIA DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y SALMONERA
“Ha sido clave en el diseño e implementación de normativas acuícolas durante los últimos 12 años. Con experiencia en Sernapesca (2003-2007), IFOP (2007-2010) y la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (2010-2022), lideró la regulación sanitaria post-crisis de 2010”. Así presenta Acuiestudios en su web a Eugenio Zamorano -médico veterinario de la U. de Chile-, quien registra 430 reuniones de lobby mientras ejerció como jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca entre 2014 y 2022.
En ese periodo, dos de los gestores de intereses con los que más se reunió fueron Paolo Trejo Carmona (25 reuniones) y José Miguel Burgos González (24 reuniones), quienes junto a Germán Iglesias Veloso son socios en Acuiestudios, tal vez la consultora más influyente de la industria pesquera y salmonera en Chile, y a la cual se sumó Zamorano apenas salió de la Subpesca y, posteriormente, Jessica Fuentes al salir del Sernapesca.
Acuiestudios registra un total de 130 audiencias entre 2019 y 2026, según la plataforma que registra las reuniones por Ley de Lobby, gestionando los intereses de un gran abanico de empresas.
De acuerdo a la información disponible en el sitio web de Acuiestudios, su equipo concentra un importante acumulado de experiencia en el sector público, más específicamente en cargos directivos de la Subpesca y Sernapesca durante las últimas tres décadas, participando directamente en la regulación y fiscalización de la industria pesquera y salmonera. Una especie de subsecretaría paralela. / Leer el reportaje completo en CIPER Chile
