Por Liesbeth van der Meer. Publicado el 28 de Julio 2026
Mover una actividad que genera impactos ambientales sin someter ese cambio a una evaluación ambiental nunca debería ser la solución. Sin embargo, eso es precisamente lo que el Congreso aprobó para la industria salmonera, al permitir que los centros de cultivo se trasladen hasta 350 metros sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
No se trata de una modificación menor. Lo que el Estado autoriza es, en la práctica, la entrega gratuita de hasta 350 metros adicionales de maritorio para el desarrollo de una actividad productiva, sin evaluar los eventuales efectos ambientales y sociales de ese desplazamiento. Difícilmente existe otro sector económico en Chile que cuente con una prerrogativa similar.
¿Podemos imaginar que una empresa minera, tras generar impactos en el lugar donde opera, reciba gratuitamente nuevas hectáreas para extender sus faenas sin una evaluación previa? La sola comparación permite dimensionar la excepcionalidad de la medida.
En los fiordos y canales del sur de Chile, desplazar una concesión salmonera 350 metros puede significar mucho más que un simple cambio de coordenadas. Puede implicar el traslado hacia ecosistemas con características distintas o hacia áreas donde se desarrollan otras actividades productivas, como la pesca artesanal. Si bien el proyecto de ley establece que la Subsecretaría de Pesca deberá verificar la existencia de caladeros y bancos naturales, la realidad es que este organismo no cuenta hoy con las capacidades técnicas ni los recursos suficientes para realizar evaluaciones de esa complejidad. Además, los caladeros son definidos principalmente a partir de los lugares donde opera la pesca, sin considerar necesariamente aspectos ecológicos críticos como zonas de alimentación, reproducción o desove de especies marinas.
Chile dispone de una institucionalidad ambiental diseñada precisamente para evaluar este tipo de decisiones. Si una empresa considera que cambiar la ubicación de una instalación puede generar beneficios ambientales, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ofrece los mecanismos necesarios para analizar esa propuesta, estudiar sus impactos y resolver, sobre bases técnicas, si corresponde autorizarla. Lo que resulta difícil de justificar es que una actividad económica específica quede eximida de ese proceso y cuente con un mecanismo especial para evitar los controles que sí enfrentan los demás sectores productivos.
En lugar de analizar caso a caso si una relocalización es ambientalmente favorable, se opta por reemplazar el criterio técnico por una autorización legal de carácter general. Como precedente, esto es preocupante. Abre una puerta de excepción que, con el tiempo, puede terminar debilitando las reglas comunes que deben aplicarse a todos por igual.
Más allá de la valoración que cada persona tenga sobre la industria salmonera, es legítimo preguntarse por qué esta actividad merece un régimen jurídico diferenciado respecto de otros usuarios del espacio marítimo. La pregunta no es solo política o ambiental; también tiene una dimensión constitucional. El artículo 19 N.º 2 de la Constitución garantiza la igualdad ante la ley y establece que ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias. Cuando el legislador concede beneficios exclusivos a un sector determinado, debe justificar objetiva y razonablemente por qué dicho sector requiere un tratamiento especial y por qué los demás quedan excluidos. De lo contrario, una regulación general corre el riesgo de transformarse en un privilegio legal.
Cuando una institución presenta falencias, la solución no debería ser crear atajos para algunos, sino mejorar las reglas para todos. Si efectivamente existían problemas en los procedimientos ambientales o en los procesos de relocalización, correspondía corregirlos dentro de la institucionalidad vigente, fortaleciendo su capacidad de respuesta y eficiencia, no estableciendo excepciones para una actividad económica particular.
Tal vez la respuesta de fondo al problema de las relocalizaciones sea más simple de lo que se quiere reconocer: quizá ya no exista espacio suficiente para seguir expandiendo la industria bajo el modelo actual. Tal vez el desafío consiste en utilizar de manera más eficiente las concesiones existentes, mejorar significativamente los estándares productivos y avanzar hacia sistemas que reduzcan la dependencia de químicos y antibióticos, incrementando al mismo tiempo el valor de sus productos.
Sin embargo, ese no parece ser el foco del debate actual. La discusión se ha concentrado exclusivamente en facilitar el crecimiento de la industria, relegando a un segundo plano las consideraciones ambientales, el respeto por las reglas comunes y la convivencia con otras actividades que también dependen del mar. En definitiva, se está privilegiando la expansión de la salmonicultura por sobre cualquier otra consideración. / Leer en Diario Universidad de Chile